Brasil. Gobierno federal nueva guerra contra Munduruku

Brasil. Gobierno federal monta una nueva operación de guerra contra el pueblo Munduruku.

Por: Conselho Indigenista Missionário – Cimi. Brasilia, 27 de marzo de 2013.

Compartido por Sonia Guarani Kaiowá Munduruku

Traducción al español: Liliana Seró

Según el Cimi, "en plena Semana Santa, Cristo sigue su calvario y es crucificado junto a los Munduruku. En la foto, Adenilson Kirixi, asesinado por la Policía Federal en noviembre. Foto: http://www.brasildefato.com.br/node/12463#.UVME-J8ZFfo.facebook

Después de sufrir el ataque de la Policía Federal en noviembre de 2012, durante la Operación Eldorado, que derivó en el asesinato del indígena Adenilson Kirixi y en la destrucción de la aldea Teles Pires, el pueblo Munduruku, que vive en el límite de Pará con Mato Grosso, está sujeto a sufrir un ataque violento más, policial y militar.

 

Área del conflicto donde ocurrió la acción de la policía federal en que murió un indígena Munduruku. Fuente: Telma Monteiro

De acuerdo con las informaciones de observadores locales, cerca de 250 hombres fuertemente armados están ubicados en Itaituba (PA) para llevar adelante la ahora denominada Operación Tapajós.

Despúes de recibir luz verde de la presidenta Dilma Rousseff, un contigente con agentes de la PF, Fuerza Nacional, Policía Caminera Federal y Fuerza Aérea fue ubicado en las proximidades de Tierras Indígenas Munduruku con el objetivo de realizar –por la fuerza- el estudio integrado de impactos ambientales del llamado Complejo Hidroeléctrico de Tapajós.

Hace muchos años que el pueblo Munduruku se posicionó firmemente contra cualquier emprendimiento, incluso el Complejo Hidroeléctrico mencionado en sus tierras ya demarcadas o tradicionalmente ocupadas.

Zoom de la región de las TI Kaiaby y TI Munduruku y los procesos de explotación de Vale (oro), en la misma región del conflicto con la Policía Federal en la operación Porto Seguro y actual Operación Tapajós. Fuente: Telma Monteiro

Tierras indígenas (en rosa claro y rojo), procesos de explotación de minas (cuadrados azules y amarillos). Fuente:  Telma Monteiro

Pedido de Vale S.A. para investigar yacimientos de oro en  tierras indígenas. Específicamente en  TI Mundurukú. Fuente: Telma Monteiro

Los fiscales de la República que denunciaron a la Justicia Federal de Santarém la flagrante ilegalidad de la Operación Tapajós son los mismos que investigan los daños de la Operación Eldorado, dicen temer por una repetición del deplorable episodio. Afirman los fiscales que el clima es de tensión.

Entre los días 18 y 23 de febrero, 20 líderes Munduruku estuvieron en Brasilia para impulsar reparaciones de los daños causados por la Operación Eldorado y, a pesar de la insistencia del gobierno, se negaron a discutir la construcción de represas hidroeléctricas. En la ocasión, el ministro Gilberto Carvalho afirmó que la negativa de los indígenas era mala para el gobierno pero que sería mala también para ellos, para los Munduruku.

El 12 de marzo, la presidenta Dilma Rousseff firmó el decreto N1 7.957 que crea el Gabinete Permanente de Gestión Integrada para la Protección del Medio Ambiente, reglamenta la actuación de las Fuerza Armadas en la protección ambiental y modifica el Decreto Nº 5.289, del 29 de noviembre de 2004.

Con este decreto, “de carácter preventivo o represivo”, fue creada la Compañía de Operaciones Ambientales de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, teniendo como una de sus atribuciones “dar auxilio a la realización de relevamientos y estudios técnicos sobre impactos ambientales negativos”.

En la practica eso significa la creación de un instrumento estatal para reprimir toda y cualquier acción de comunidades tradicionales, pueblos indígenas y otros sectores de la población que se posicionen contra emprendimientos que impacten sus territorios.

Con esas medidas, el gobierno federal demuetra claramente que no está dispuesto a oír a las poblaciones afectadas por los grandes proyectos, por ejemplo las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Sustituyó los instrumentos legales de escucha a las comunidades –como la consulta previa garantizada por la Convención 169 de la OIT- por la fuerza represora del Estado y transforma los conflictos socioambientales en casos de intervención militar. De esa manera, los derechos de los pueblos pasan a ser tratados como crímenes contra el “orden público”, encaminándose hacia un Estado de Excepción. Estas acciones del gobierno brasileño confirman la tesis presentada por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos cuando afirma que actualmente vivimos en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas, donde toda disidencia es criminalizada.

En plena Semana Santa, Cristo sigue su calvario y es crucificado junto a los Munduruku y los demás pueblos indígenas en Brasil.

Conselho Indigenista Missionário – Cimi. Brasilia, 27 de marzo de 2013.