PRONUNCIAMIENTO
MOVIMIENTO 138. Colectivo de Resistencia Cultural
Libertad a los
campesinos presos políticos de Curuguaty, PARAGUAY.
La masacre de Curuguaty sucedida el 15 de junio de este año significó
la muerte de 11 campesinos y 6 policías. Este hecho fue utilizado para
justificar el Golpe de Estado disfrazado de juicio político que apartó arbitrariamente
de su cargo a Fernando Lugo, presidente constitucionalmente electo.
El fiscal Jalil Rachid que debería investigar para aclarar lo que
sucedió en Curuguaty se ha dedicado desde el primer momento a buscar maneras de
incriminar a los campesinos para responsabilizarlos de la masacre. Sin embargo,
una investigación imparcial paralela desarrollada por la Plataforma de Estudio
e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) ha demostrado con un sólido
informe que dicho fiscal está ocultando pruebas.
El Fiscal Jalil
Rachid mandó a la cárcel a 12 campesinos sin tener prueba alguna contra ellos.
Consideramos que el fiscal de la
causa Jalil Amir Rachid falta en su objetividad y parcialidad en sus
actuaciones y atenta así contra la misma vida de los/as campesinos/as
imputados. De acuerdo al informe de la Plataforma de Estudio e Investigación de
Conflictos Campesinos (PEICC), el mencionado fiscal es cuestionado por el hecho
de negarse a investigar el papel de la fiscal Ninfa Aguilar en el desalojo de
facto ocurrido el 15 de junio, la falta de título de propiedad del
agroempresario Blas Riquelme y sus requerimientos a las autoridades sin
fundamento legal, las torturas y detenciones arbitrarias a campesinos y
campesinas víctimas, el accionar de la policía después de la balacera, entre
otros. De acuerdo a dicho
informe, el fiscal ha tomado declaración a los/as imputados/as violando las
garantías judiciales exigidas en el Código Penal al no garantizar la traducción
y hacer firmar a los imputados declaraciones que no fueron leídas en el idioma
guaraní, incumpliendo de plano con el derecho al debido proceso de los
acusados. Además, este
fiscal debería estar
inhabilitado para conocer de este caso específico, debido a un claro conflicto
de intereses; ya que Jalil Amir Rachid es hijo del ex senador y ex presidente
del Partido Colorado, Bader Rachid, amigo íntimo de Blas N. Riquelme, asimismo
ex senador y presidente del mismo partido, quien
además fuera gran terrateniente y propietario de la agroempresa “Campos
Morombí”, beneficiario de tierra mal habida y disputaba con el Estado, la
tierra de Marina Cué. Mantener al fiscal
como responsable del caso en estas condiciones es contrario a las obligaciones
mínimas del derecho internacional, asumidas por el Estado paraguayo.
Cuatro de estas
personas se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 50 días en señal
de protesta por la inacción que conduce a la injusticia de las autoridades
responsables del gobierno de facto de Federico Franco. Los imputados de Marina Cué llevan meses en prisión preventiva a pesar de
que el fiscal no ha aportado el menor indicio que pueda señalar que estos
procesados podrían ser autores de los hechos. Esto contraviene el artículo
242 del Código Procesal que establece como requisito para la prisión preventiva
que “existan hechos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o
partícipe de un hecho punible”. Así mismo esto incumple con el principio de
presunción de inocencia consagrado en el artículo 17 de la Constitución
Nacional de Paraguay.
Frente a esta situación:
·
Exigimos la
liberación inmediata de Dolores López, Felipe Balmori, María Fani Olmedo
Paredes, Juan Carlos Tillería, Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro
Benítez, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Nery Urbina; detenidos
arbitrariamente en la penitenciaría de Coronel Oviedo, departamento de
Caaguazú, Paraguay.
·
Exigimos el apartamiento de Jalil Amir Rachid
como fiscal del caso y garantizar la objetividad e imparcialidad en la
investigación, eludiendo la presión que pudieran ejercer sobre dicha
investigación los hechos de índole política que acontecieron en Paraguay en el
mes de junio del año en curso.
· La
implementación del derecho a la alimentación de las comunidades afectadas por el conflicto
de forma urgente, así como el otorgamiento de una indemnización justa y
adecuada a las familias de las víctimas, acorde a sus necesidades reales.
·
El pronunciamiento de la Comunidad Internacional
frente a esta grave situación que implica la violación de los Derechos Humanos.
Agradecemos la difusión de este
comunicado.
Para más información:
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